Fiscalía y querellante apelan rebaja del arresto domiciliario de Ángela Vivanco
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago concedió ambos recursos y remitirá los antecedentes a la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, la exministra de la Corte Suprema sigue con arresto domiciliario nocturno, según informó La Tercera.
El Ministerio Público y la parte querellante apelaron la resolución que sustituyó el arresto domiciliario total de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por uno parcial nocturno, según informó La Tercera. El martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago concedió ambos recursos en el solo efecto devolutivo y ordenó remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá conocerlos y resolverlos. La resolución lleva la firma de la jueza Pilar Ahumada.
Las apelaciones buscan restablecer el régimen cautelar vigente hasta el jueves 12 de noviembre, fecha de la audiencia en que se modificó la medida. Mientras el tribunal de alzada revisa los recursos, la imputada continúa sujeta al arresto domiciliario parcial nocturno, de acuerdo con el medio. El material no consigna la fecha en que la Corte verá las apelaciones.
Los argumentos del Ministerio Público
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, pidió revocar la resolución y mantener el arresto domiciliario total, según La Tercera. En su presentación sostuvo que los antecedentes considerados al imponer el régimen anterior no han cambiado de manera sustancial.
La Fiscalía argumentó que la cautelar más restrictiva sigue siendo necesaria para asegurar la comparecencia de la imputada, evitar eventuales comunicaciones indebidas y resguardar diligencias investigativas pendientes. El recurso también menciona la cantidad y gravedad de los delitos atribuidos, el eventual rango de las penas y la afectación institucional que, según el organismo, involucran los hechos investigados.
La apelación cuestiona además los fundamentos del juez que modificó la cautelar. De acuerdo con La Tercera, en la audiencia del 12 de noviembre el magistrado señaló que se mantenían los presupuestos sobre la existencia de los delitos y la participación atribuida, pero estimó que el tiempo transcurrido, el estado de salud de Vivanco y la presunción de inocencia justificaban reducir las horas de privación de libertad. "Lo determinante para mí es el tiempo transcurrido, el tiempo transcurrido, presunción de inocencia", dijo el juez, según la transcripción que la Fiscalía incorporó a su recurso. El magistrado también consideró la propuesta de la defensa, que contemplaba mantener la privación de libertad durante la noche.
Para el Ministerio Público, el paso del tiempo no basta por sí solo para disminuir la intensidad de la medida, dada la gravedad de los hechos y las diligencias pendientes.
La apelación del querellante
El abogado querellante Carlos Quezada presentó un recurso en la misma línea. El material no precisa a quién representa. Según La Tercera, Quezada sostuvo que la reiteración de los presuntos cohechos y la gravedad de las penas posibles deben ponderarse al evaluar la necesidad de cautela. También mencionó la existencia de otras investigaciones y procesos pendientes.
El querellante cuestionó que el transcurso del tiempo sea un antecedente suficiente para rebajar la medida. Argumentó que, frente a las penas que podrían imponerse, aún no ha transcurrido una proporción relevante de la sanción probable. Agregó que las autorizaciones judiciales que Vivanco obtuvo para asistir a controles médicos y visitar a familiares, a las que las partes acusadoras no se opusieron, no justifican sustituir el arresto total por uno nocturno.
Estado de la causa
Vivanco fue reformalizada el 22 de septiembre de 2026 en la investigación conocida como Trama Bielorrusa, por hechos vinculados a la controversia entre Codelco y el Consorcio Belaz Movitec (CBM), tramitada ante la Corte Suprema, según el medio. El Ministerio Público le imputa presuntos delitos reiterados de cohecho y lavado de activos, relacionados con resoluciones judiciales que habrían favorecido a la empresa. La Fiscalía sostiene que la exministra habría recibido beneficios económicos a cambio de intervenir en esos procedimientos. Esas imputaciones deberán esclarecerse durante el proceso.
Fuentes: La Tercera
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